La cifra casi se duplica respecto a 2013, y el 70% de los casos tiene que ver con perros de caza.
En diciembre del año pasado la Guardia Civil detuvo a un vecino de Valverde de Leganés (Badajoz) acusado de apalear y arrojar a un pozo al perro de su pareja, tras haber discutido con ésta. Unos meses antes, en mayo, la Guardia Civil imputó a dos vecinos de la localidad pacense de Usagre por un delito de maltrato animal. Supuestamente causaron la muerte de seis perros y los agentes dieron con los presuntos autores tras una larga investigación que incluyó el traslado de los restos de los canes hasta el Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Extremadura, donde primero concluyeron que los animales habían muerto por golpes en la cabeza. En la investigación los agentes localizaron un microchip que los llevó hasta el dueño.
Son solo dos casos de los 486 en los que intervino la Guardia Civil el 2014 en la región relacionados con denuncias sobre maltrato de perros. La cifra es casi el doble de la recogida un año antes, en 2013, cuando contabilizó 246 intervenciones, según los datos facilitados por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona). Desde la protectora Adana afirman que el aumento de denuncias se debe a una mayor concienciación de la ciudadanía y más medios para identificar a los autores.
De las 486 infracciones del año pasado, el 80% (389) acabaron como infracción administrativa y el resto se tramitaron como infracciones penales, 37 casos en total.
Pero lo que llama la atención que el 70% de las infracciones detectadas (344 en 2014) se hubieran cometido con perros de caza. Concretamente 106 afectan a galgos y 243 a otras razas utilizadas habitualmente por cazadores.
En cuanto a los conceptos concretos por los que la Guardia Civil tuvo que intervenir el mayor número corresponde a robos o sustracciones, con 63 expedientes, si bien hay que tener en cuenta que en el apartado ‘otros’ el Seprona contabilizó 342 casos. Este concepto es muy amplio, según la estadística facilitada por la Guardia Civil, y abarca desde ausencia en el registro del ayuntamiento, ausencia de microchip, falta de vacunaciones, y otros actos más graves como arrastre con vehículos, arrojo en pozos o sacrificio sin control sanitario.
Otros comportamientos que dieron lugar a infracciones penales, además del robo, fueron abandono (cuatro casos), ahorcamiento (dos casos), golpes (uno), tiroteo (tres) y envenenamiento (uno).
Llama la atención también que de las 37 infracciones penales registradas por la Guardia Civil, todas menos un ahorcamiento, se produjeron en la provincia de Badajoz.
En cuanto a las infracciones que han sido tramitadas como administrativas la mayoría se han catalogado en el epígrafe ‘otros’, si bien en diez de ellas se han detectado deficiencias higiénico-sanitarias en el alojamiento de los canes, y tres por transporte inadecuado.
El delito de maltrato animal esta tipificado en el artículo 337 del Código Penal, que dice que «el que por cualquier medio o procedimiento maltrate a un animal doméstico o amansado, causándole la muerte o lesiones que menoscaben gravemente la salud, será castigado con la pena de tres meses a un año de prisión». Además, el abandono se recoge en el 636. Por otro lado, Extremadura cuenta con una Ley de Protección Animal desde 2002, algunos de cuyos reglamentos aún están pendiente de redacción y aprobación. Por otro lado, esta semana el Consejo de Gobierno ha aprobado que la Junta se persone como acusación particular en casos de maltrato animal.
http://www.hoy.es/extremadura/201503/07/seprona-investigo-maltratos-perros-20150307202731.html
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